"Más allá de los acuerdos bilaterales surgidos tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya y su implementación a partir de la actividad del Comité Binacional de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tenemos una ausencia del derecho a la información desde finales 2019. Necesitamos que las Cancillerías solucionen la controversia por la reforma del Digesto para que se habilite el acceso a los resultados de los monitoreos", indicó Fernández.
Reclamó que "por encima de las Cancillerías y los gobiernos está el reclamo de los pueblos con la defensa del agua y los recursos naturales y, sobre todo, el reclamo que la voz de nuestros pueblos sea escuchada".
En esa línea, Osvaldo Fernández dijo que "he propuesto que la CARU -que es quién gobierna el Río Uruguay- incorpore a los representantes de la sociedad civil en las mesas de discusión, más allá del voto debería tener voz".
Consultado sobre la menor participación comunitaria en las protesta contra UPM, Fernández responde que "no creo que las voces del pueblo se esté apagando ni tampoco su reclamo. Como en todo proceso que lleva muchos años hay altibajos con momentos de alta movilización y mucha energía, y otros momentos de menor fuerza. Eso no quiere decir que el tema sea olvidado o que deje de ser una reivindicación de las comunidades del río Uruguay".
