Cabe recordar que, el gobierno nacional, a través del decreto 793 de año 2018 (entre otras modificaciones) fijó derechos de exportación del 12 por ciento “a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (NCM)”.

Esta medida impactó en una de las economías regionales más importantes de la provincia, como es la producción de arroz.

De inmediato el senador del departamento San Salvador, Lucas Larrarte, inició gestiones ante las autoridades provinciales para buscar mitigar los impactos negativos y, ahora, inicia el camino para intentar la reacción de los responsables de la medida, esto es, las autoridades del Ejecutivo Nacional.

Acompañan el proyecto de comunicación con su firma los representantes de Villaguay, Uruguay e Islas, Mario Torres, René Bonato y Daniel Olano, respectivamente.

El proyecto fue ingresado en la Mesa de Entradas del Senado. Será de los primeros temas a tratar por el Cuerpo cuando se inicien las sesiones ordinarias, después del 15 de febrero.
Los fundamentos
Se explica que el día 4 de septiembre de 2008 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), argumentando la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, en una economía de fuerte devaluación y efectos sobre los precios internos, tomó el camino de aumentar los derechos de importación.

Ante esto la Cámara que agrupa los productores de arroz hizo un estudio que demostró que tal medida genera un margen negativo del 12 por ciento en la ecuación económica del cultivo.

Los productores se vieron sorprendidos con la medida ya que en forma recurrente se habla de bajar costos para potenciar la generación de recursos y empleos, incluso en el marco de la denominada mesa arrocera. Dirigentes han mostrado su desagrado, explicando que las retenciones dispuestas por el gobierno que encabeza Mauricio Macri llevó la carga impositiva sobre el cultivo del arroz al 70 por ciento, sumando en ello la retención y los impuestos directos e indirectos a los que deben hacer frente.

Por su parte el dirigente empresario Hugo Muller, afirmó que “la reimplantación de las retenciones a todas las exportaciones del país en general y al arroz en particular ha quitado rentabilidad y los costos de producción vuelven a mostrar números negativos”.

Otra de las opiniones con fuerte repercusión que la de Jorge Paoloni. Enfatizó que se agravo mucho la situación de los productores arroceros; primero con la suba de tarifas, luego con la falta de financiamiento y el clima; y finalmente señaló como lo más grave a la imposición de los derechos de exportación a la que calificó como “pena de muerte” para el sector arrocero.

El Senador Larrarte explica que existe una “profunda preocupación por el agravamiento de la situación del sector arrocero en nuestra provincia”.

Mencionó, para dimensionar el impacto que tiene esta economía regional, que más del 70 por ciento de la producción se concentra en molinos entrerrianos, los que procesan y embarcan el arroz en origen, en los puertos ubicados sobre el río Uruguay y el Paraná.

El legislador sumó que se trata del cultivo extensivo que más puestos de trabajo, directos e indirectos, genera: 7 trabajadores cada 100 hectáreas. Además, demanda mano de obra calificada.
Senado Beneficios económicos Producción

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