Calveyra aseguró que, “Entre Ríos también fue pionera en una de las medidas más importantes en materia legislativa como el cierre de prostíbulos: cortando esa cadena de vulnerabilidad de derechos humanos donde, en el marco de la explotación sexual se sometían a niños, niñas, adolescentes y mujeres cosificando y mercantilizando sus cuerpos”.
“Por aquellos años, más de 2000 mujeres eran traficadas y rotadas entre provincias cada tres meses y había un prostíbulo cada 15 km, en el corredor de la ruta 14”, detalló y agregó que “era una zona de alto riesgo favorable a los tratantes, por los pasos de frontera y pasos internos”.
“Más allá de esta medida, debemos estar en permanente alerta porque la trata muta, cambia su modus operandi a medida que se los persigue, pero esta disposición logró disminuirla”, aseguró.
“A nivel nacional existen Programas como el Acompañar y Potenciar y la creación del fondo fiduciario, que ya se encuentra en funcionamiento por ley y proviene del decomiso de bienes de un delito y sus conexos, que buscan la generación de patrimonios”, informó.
“Para el caso de bienes materiales se subastan para la conversión dineraria que constituye ese fondo, destinado a restituir derechos que les fueron arrebatados a las víctimas: ellas no eligen ni optan, son explotadas”, afirmó.
En tanto, recordó que, a principio de año, “las organizaciones de la sociedad civil promovieron el 8 de marzo un proyecto de ley a nivel nacional de penalización del demandante de explotación sexual o prostitución y al sistema prostibulario”.
Argentina, “es un país abolicionista de todas las formas de explotación, por convenios y tratados internacionales de rango constitucional”, concluyó.
Fuente: AIM
