Mariano Osuna, Periodista
Variables y lecturas de la Marcha Universitaria
El mensaje al Gobierno y al Congreso.
135 días después de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la nación, el Gobierno nacional enfrentó la manifestación más masiva de la última década. A diferencia de otras movilizaciones, como la huelga de la Confederación General del Trabajo (CGT) del 24 de enero, el paro internacional de las mujeres del 8 de marzo, o la marcha por la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo, todos los medios porteños, más oficialistas o más opositores, incluyendo a La Nación, Infobae y Clarín, destacaron la contundencia de la convocatoria.
El primer análisis posterior muestra que más allá de la frívola pelea por los números finales de la asistencia, más de un millón y medio de personas recorrieron calles y plazas en todo el país. Las fotografías de Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Tucumán, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut y Tierra del Fuego, que tuvieron réplicas locales en ciudades como La Histórica, Paraná, Villaguay, Gualeguaychú y Concordia, ratifican una sensación común, durante la realización de la marcha, de una participación superior a otras jornadas de lucha.
Un segundo elemento distintivo es la amplitud social, ideológica y política de la convocatoria promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que Nuclea a todas unidades académicas públicas del país. La dirigencia y las organizaciones políticas y partidarias, incluso sindicales, constituyeron un papel de acompañamiento, donde el protagonismo estelar fue de miles de jóvenes, estudiantes, graduados y docentes, con historias familiares de primera y segunda generación universitaria. No es un apunte menor, en la evaluación ulterior, para un gobierno que tuvo un apoyo significativo en las urnas durante los comicios generales y el balotaje del año pasado. Tampoco la asistencia de investigadores, científicos y profesionales, muchos vinculados a la clase media, con décadas de trabajo en el sistema universitario de nuestro país.
Además de la impronta juvenil, otra variable singular es la adhesión, con mayor o menor uniformidad, de los partidos fundadores de Juntos por el Cambio. El rol activo de altas casas de estudio, como la mencionada UBA, pero también de las comunidades educativas de Rosario (UNR), del Litoral (UNL) y de Córdoba (UNC), interpelaron a la Unión Cívica Radical (UCR), a la Coalición Cívica (CC) y en menor medida a sectores de Propuesta Republicana (PRO). La participación de los actuales diputados nacionales de Entre Ríos, Pedro Galimberti y Atilio Benedetti, ejemplifican esa tesis. La asistencia y el apoyo del primero, junto a la presencia de la legisladora nacional Marcela Ántola, para la consecución del quórum, en la sesión convocada este miércoles en la Cámara de Diputados por la bancada de Unión por la Patria, confirma dicha definición.
Pese a la presencia de 99 integrantes del principal bloque opositor, sumado a 14 miembros radicales (Manes, Rizzoti, Juliano, Aguirre, Carbajal, Quetglas, Violetta, Tavela, Sarapura, Carrizo, Giorgi, Coli y los dos entrerrianos mencionados), cinco del Frente de Izquierda (Bregman, Vilca, Del Plá, Del Caño y Castillo), cuatro de Hacemos Coalición Federal (Fein, Brugge, De la Sota y Paulón) y las dos voluntades de Por Santa Cruz (Garrido y Acevedo), la sesión no llegó al quórum necesario, que precisaba otros cinco representantes para alcanzar el número necesario (129).
Sin embargo, esa correlación de fuerzas demostró que la grieta entre peronistas/ kirchneristas y antiperonistas, de los últimos años en el Congreso, se resignificó ante la intransigencia libertaria y el estilo verborrágico de Milei. Incluso, un sector del radicalismo, ligado al sistema educativo y la producción científica, advirtió que insistirán con la solicitud de una nueva sesión por el presupuesto universitario para el próximo 2 de mayo. “Necesitamos que ese quórum se dé para emplazar a las comisiones a tratar los temas”, expresaron desde el bloque radical. No es una fecha casual, ya que será un día después de la movilización de la CGT, que previamente tendrá una huelga nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Las concentraciones masivas y las participaciones diversas de la sociedad, lograron un hecho político clave para el análisis del termómetro social respecto al Gobierno central. Las manifestaciones además contabilizaron adhesiones de porciones relevantes de votantes de La Libertad Avanza, algo inédito para la nueva administración nacional, que en cada discusión o batalla cultural argumenta sobre su legitimidad popular en el cuarto oscuro. Paradójicamente, ese es el fundamento utilizado por los bloques parlamentarios, autodenomina dos dialoguistas, y de los gobernadores aliados, incluido Rogelio Frigerio, para la defensa de un alineamiento casi absoluto con las políticas nacionales, especialmente en economía.
Explicó en reiteradas ediciones que el mayor obstáculo de la Casa Rosada es el desgaste social, el deterioro de la calidad de vida, el humor de las clases medias y la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, la capacidad de oposición social a las reformas estructurales e inmediatas, en un contexto de recesión, caída de las actividades económicas, destrucción del consumo popular e incremento del desempleo y la pobreza. A eso, añadirle el retiro del Estado de la regulación e inversión en educación, salud, obras públicas, industria, comunicaciones, servicios públicos y los precios de alimentos, combustibles, tarifas y medicamentos. En este caso, quizás por primera vez, ese amplio consenso de los reclamos por el presupuesto universitario dejó en evidencia ciertas rasgaduras de ese tiempo inicial de gracia al nuevo Gobierno y de la esperanza legítima del supuesto rebote económico, atravesando a electorados volátiles, que en 2011 respaldaron la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015 apoyaron a Mauricio Macri, en 2019 votaron a Alberto Fernández y en 2023 eligieron a Javier Milei.
La primera respuesta del Ejecutivo nacional fue la conceptualización de la medida como “viciada de ideología o militancia”, mientras se difundió la supuesta liquidación oficial del 100% de los gastos de funcionamiento, con un aumento del 70%. Las universidades explicaron, una vez más, que esos recursos son el 10% de todo el presupuesto, con la gravedad que se continúa con las partidas de 2023, que amenazan con una paralización total desde junio.
La segunda reacción no tuvo grandes cambios en la narrativa libertaria. “Causas nobles, motivos oscuros”, fue el título de un comunicado del Presidente, difundido por redes sociales, intentando una rectificación de la confrontación con la comunidad educativa, y apuntando directamente a los sectores políticos y partidarios que fomentaron la manifestación. “No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo”, afirmó en un escrito donde mencionó a su ex contrincante, Sergio Massa, la ex presidenta Cristina Fernández, el senador radical Martín Lousteau, el vicerrector de la UBA y ex diputado nacional, Emiliano Yacobitti y las dos centrales obreras principales (CGT y CTA).
Lejos del letargo y el silencio, las calles hablaron y abrieron una nueva etapa política para el Gobierno. La aprobación de la nueva Ley Ómnibus, la sanción del paquete fiscal y la firma del pacto de mayo en Córdoba, aparecen como desafíos centrales de una gestión condicionada por la falta de auxilio financiero internacional y por las presiones geopolítica y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Ejecutivo coseche respaldos políticos, parlamentarios y empresarios, que robustezca y vigorice la adhesión al ajuste fiscal.
La relevancia de la marcha condicionó el discurso de Milei, que puertas adentro reconoció la composición de autoconvocatoria de la multitud. El próximo paso de la pelea es el intento de una auditoría externa, más allá del control anual de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las universidades. Una estrategia que no es nueva, porque socava la transparencia y el prestigio, con un sentido parecido a la noción de casta, también usada sobre los programas sociales, organismos públicos, políticas de Estado y partidas presupuestarias.
En ese panorama, los gobernadores atraviesan discusiones y cuestionamientos sobre su rol frente al Gobierno nacional, en un zigzagueo que puede desembocar en profundas contradicciones o errores no forzados. La decisión de los sectores radicales más cercanos a Casa Rosada, como el diputado Hernán de Loredo, que fue a la marcha pero rechazó dar quórum para la sesión por el aumento de recursos para las universidades, la recuperación del Fondo de Incentivo Docente y la recomposición de las jubilaciones, reafirma esa hipótesis. Igual postura tomó Francisco Morchio, del bloque liderado por Miguel Pichetto (que tampoco estuvo en el recinto), que es la espada legislativa más leal a Frigerio. Esa incondicionalidad de diversos actores, con el argumento del apoyo social a Milei, expone a referentes aliados, que ven en el éxito de La Libertad Avanza un mejor horizonte para sus administraciones provinciales y sus aspiraciones políticas. No obstante, un fracaso nacional puede dejarlos afuera de una realidad social que espera respuestas concretas y tangibles. La marcha de este martes fue un termómetro y una primera pista de esa encrucijada.
Fuente: La Calle
