Gualeguay: enjuiciarán a tres contadores y dos testaferros por la causa del frigorífico FEERSA

La Fiscalía sostiene que los hermanos Javier y Martín Veronesi compraron en secreto dos plantas competidoras con recursos de la empresa que presidían, y que un estudio contable y dos prestanombres hicieron posible la maniobra.

Exportaciones por casi 16 millones de dólares con marcas ajenas, un préstamo con intereses condonados y una empresa entregada sin un peso en la caja, son las piezas de la acusación.

La Oficina Judicial de Gualeguay fijó para los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2027, desde las 9, el juicio oral en el legajo 678/25, caratulado “Berisso Roberto Horacio - Badaracco Daniel - Darré Alfredo Francisco - Darré Miguel Alfredo - Darré Eduardo Martín s/ administración fraudulenta”.

Las fechas surgen de una reprogramación dispuesta el 7 de agosto de 2026 por la directora de la Oficina Judicial, Florencia Bascoy: el cronograma original, fijado el 21 de abril de 2026, incluía los días 8 y 9 de febrero, que el calendario oficial de 2027 declaró feriados de carnaval. El corrimiento debió ajustarse a la agenda de un tribunal integrado por vocales de otras jurisdicciones.

El Tribunal quedó conformado el 12 de febrero de 2026, tras una consulta al Área de Asuntos Administrativos del Superior Tribunal de Justicia: Darío E. Crespo lo presidirá, con Juan Francisco Malvasio y Mauricio Marcelo Mayer -ambos con jurisdicción en Paraná actualmente- como vocales de segundo y tercer voto.

La Oficina Judicial advirtió que las audiencias comenzarán puntualmente, con una tolerancia máxima de quince minutos, que no se admitirán suspensiones salvo que se acredite previamente una circunstancia extraordinaria, y que cada parte será responsable de citar a los testigos y peritos que propuso.

Cómo empezó todo

La causa nació lejos del derecho penal económico. El 24 de septiembre de 2014, Corina Rivas, entonces esposa de Javier Domingo Veronesi, presentó una denuncia en el marco de un conflicto de violencia de género y de un divorcio que derivó en una larga serie de expedientes ante el Juzgado de Familia de Gualeguaychú.

La ampliación de esa denuncia, formulada el 12 de noviembre de 2014 por los abogados Leonardo Chesini y Darío Carrazza, y una nueva ampliación de José María Veronesi, hermano de Javier y de Martín y dueño del 33,33 por ciento de las acciones de FEERSA, corrieron el foco hacia la administración del frigorífico gualeyo.

Lo que la Fiscalía terminó reconstruyendo, según el requerimiento de remisión a juicio firmado el 22 de abril de 2021 por el fiscal coordinador Gamal Taleb y el fiscal Jorge Gutiérrez, es una maniobra de “múltiples y diarios actos” que se extendió desde 2010 hasta el 4 de abril de 2016, cuando Javier y Martín Veronesi cesaron como presidente y vicepresidente de FEERSA.

El eje de la acusación es la compra de dos frigoríficos equinos con planta en la provincia de Buenos Aires: Lamar S.A., en Mercedes, y S.A. Indio Pampa, en Trenque Lauquen. Ambos pertenecían a los hermanos belgas Michael y Paul Peeters, titulares de las firmas Tradimar NV y H.I.B. Investments NV.

Las negociaciones comenzaron en la segunda mitad de 2010, se cerraron con un viaje de los Veronesi a Bélgica y Francia junto al abogado Edelmiro Pauletti, asesor legal de FEERSA, y en octubre de ese año tomaron el control de las plantas.

Un testigo clave, Daniel Bos, asesor de negocios convocado por los Veronesi, declaró que los hermanos explicaban la operación como “un gran negocio”: con Gualeguay, Mercedes y Trenque Lauquen pasarían a tener tres de las cuatro plantas de faena equina que existían en Argentina y dominarían el mercado de la carne de caballo.

El problema, sostiene la Fiscalía, es que esa expansión no se hizo a nombre de FEERSA, la sociedad que la financiaba, sino a nombre de terceros.

Las acciones de Lamar quedaron en un 95 por ciento a nombre de Noemí Ana María Veronesi, hermana de los imputados, y el 5 por ciento restante a nombre de Bos, luego reemplazado por el propio Javier Veronesi.

Las de Indio Pampa se repartieron por mitades entre Roberto Horacio Berisso, un productor rural de Gualeguaychú, y Daniel Badaracco, a quien los testigos describen como un empleado administrativo de FEERSA con un sueldo modesto, ayudante del yegüero de la empresa.

Antes, en octubre de 2010, los Veronesi habían creado JMV Corporation S.A., con capital de 100.000 pesos, domicilio en Suipacha 238, cuarto piso, de la Ciudad de Buenos Aires, la misma oficina de Lamar e Indio Pampa, y con sus hijos Juan Cruz y Martina Veronesi, ambos estudiantes, como accionistas. La idea inicial, según la acusación, era transferir allí los paquetes accionarios; después optaron por los testaferros.

En el allanamiento del estudio Darré, en calle 3 de Febrero 125 de Gualeguaychú, se secuestraron borradores de cesión de acciones fechados en noviembre de 2012: uno de Badaracco a favor de Martín Veronesi y otro de Berisso a favor de Javier Veronesi. Para la Fiscalía, esos papeles muestran quiénes eran los verdaderos dueños.

Marcas, clientes y empleados prestados

La acusación describe cómo, durante casi seis años, los recursos del frigorífico de Gualeguay se pusieron al servicio de sus competidores. Las plantas bonaerenses exportaron carne equina con las marcas “Friguay”, “Veronesi” y “Corona Argentina”, registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a nombre de FEERSA.

Un informe de la Aduana incorporado a la pericia contable cuantificó los despachos de Lamar con esas marcas en 15.874.806 dólares, sin que en los libros de FEERSA aparezca acto jurídico ni contraprestación que lo respalde.

Clientes históricos de FEERSA que nunca habían comprado a Lamar, como Teisei de Japón, Chevideko de Bélgica y Groenveld de Holanda, pasaron a operar con la planta de Mercedes.

Empleados de FEERSA trabajaron para las otras dos firmas con salario pagado desde Gualeguay: Carlos Martín Benítez, encargado de desposte, pasó meses en Mercedes y Trenque Lauquen; Vanesa Paredes, del área de comercio exterior, viajaba a Buenos Aires los domingos y volvía los viernes entre septiembre de 2010 y agosto de 2011; el jefe de planta José María Benedetti trasladó a Lamar técnicas de producción y calidad de cortes.

Los camiones de FEERSA y de Veronesi S.A. hicieron fletes de caballos y de mercadería para las plantas bonaerenses.

Benítez aportó otro dato que la Fiscalía destaca: dijo que, antes de la compra de Lamar, Javier Veronesi lo mandó a retirar 780.000 dólares de una financiera de Buenos Aires, producto de ventas de FEERSA al exterior.

José María Veronesi declaró que en la empresa se subfacturaba y se cobraba en negro, y que los hermanos llevaban un cuaderno anotado a lápiz de trazo fino, para poder borrar y escribir las cifras que quisieran.

El préstamo al “magnate”

El 2 de enero de 2013, por decisión de Javier Veronesi y con la anuencia de Martín, FEERSA prestó 1.109.200 pesos a Berisso, sin autorización de la asamblea ni del socio José María.

El destino del dinero, según el contrato de mutuo, la transferencia bancaria y los resúmenes de cuenta agregados al legajo, fue un aporte irrevocable de capital en Indio Pampa, la sociedad de la que Berisso figuraba como dueño del 50 por ciento. Los intereses fueron condonados después. En un correo electrónico secuestrado en el estudio contable, Alfredo Darré le envía a Javier Veronesi un contrato de compraventa de acciones y se refiere a Berisso como “el magnate”.

Alfredo Francisco Darré, contador público de Gualeguaychú, y sus hijos Miguel Alfredo y Eduardo Martín, también contadores, eran los asesores externos de FEERSA en materia contable, impositiva y societaria. Al mismo tiempo ejercieron como síndicos de Lamar.

Para la Fiscalía, ese doble rol, en plena competencia entre ambas empresas, es la base de la imputación como cómplices necesarios: sin el “diseño legal-comercial” salido del estudio Darré, los Veronesi no habrían podido ejecutar el plan.

Se les atribuye haber ideado la estrategia societaria de las compras, redactado las actas de asamblea y de directorio, diseñado el esquema de tenencias accionarias con testaferros, elaborado las cesiones de acciones a favor de los Veronesi, proyectado el concurso preventivo de Indio Pampa y el vaciamiento de su activo, y hecho declarar que el capital de Lamar estaba compuesto por poco más de siete millones de acciones cuando en realidad eran dieciocho millones.

Los correos electrónicos hallados en el allanamiento son, para la acusación, la prueba más elocuente. En uno, Miguel Darré informa que dejó “las directivas a Hernán, Martín, Javier y Badaracco de cómo seguir” y anuncia: “el plan es el siguiente”.

En otro, Alfredo Darré le recomienda a Javier Veronesi que resigne algunas cosas “para que parezca real”, porque de lo contrario “será un vaciamiento y ello no tendrá buenas consecuencias”. Un archivo con el proyecto de una asamblea de Indio Pampa sugiere a quién designar como nuevo director y propone estirar la presentación en concurso para preconstituir la cesación de pagos por deudas con Lamar.

Una empresa entregada sin fondos

El 5 de abril de 2016, tras el desapoderamiento judicial de las acciones de Javier Veronesi en el marco del divorcio, la administración de FEERSA cambió de manos.

La acusación describe el cuadro que encontró la nueva conducción: sin dinero en caja; cheques emitidos por 4.823.496,59 pesos con vencimiento entre esa fecha y el 25 de mayo; un compromiso con Chevideko de entregar mercadería que no estaba en stock por 147.051 dólares; una deuda de energía eléctrica de enero, febrero y marzo por 911.777,12 pesos; 1.917.360 pesos en órdenes de pago aprobadas sin cheques y otros 2.067.600 pesos de deuda con proveedores; y ninguna información contable, porque el software y el hardware habían sido reemplazados antes de la entrega.

El contador Luis Dalcol, designado administrador judicial de las acciones, informó que la realidad financiera de la empresa distaba de lo declarado por el anterior presidente en la última asamblea y que había existido una “aparente intencionalidad de apartar a la empresa de la competencia”.

Rafael Gómez, el nuevo presidente, calculó un déficit de 5.165.214,40 pesos al 25 de abril de 2016, con 1.367.342 pesos en cheques rechazados a la semana de asumir y 2.406.884 pesos de deuda por cargas sociales.

Para la Fiscalía, los Veronesi cumplieron la promesa que le habían hecho a su hermano José María de dejarlo en la calle. El frigorífico terminó cerrando.

Una primera remisión a juicio fue declarada inadmisible el 26 de junio de 2017 por el juez de Garantías Sebastián Elal, que devolvió las actuaciones a la Fiscalía para sanear y clarificar las imputaciones.

Las acusaciones se reformularon el 9 de diciembre de 2019 y el nuevo requerimiento llegó en abril de 2021. La jueza de Garantías Alejandra Gómez dictó la remisión en noviembre de 2021, pero el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú la revocó en febrero de 2022.

La Cámara de Casación Penal de Paraná, el 1° de diciembre de 2022, hizo lugar a los recursos del fiscal Taleb y de la querella y restableció la resolución de primera instancia. El 29 de julio de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó las impugnaciones extraordinarias y exhortó a todas las partes, a los magistrados y a la Oficina de Gestión de Audiencias a actuar con mayor premura para llegar cuanto antes al desenlace.

Recién el 20 de diciembre de 2024 se realizó la audiencia de remisión, y el 4 de abril de 2025 la jueza Gómez firmó el auto de apertura a juicio.

Rechazó los tres planteos de las defensas: la supuesta falta de acción de la querella, porque José María Veronesi falleció el 1° de abril de 2022 y sus herederos, Delia Judit Gastaldi, Stéfano, Franco y Paolo Veronesi, ratificaron su voluntad de continuar; la nulidad de los allanamientos de marzo de 2016 en el estudio Darré y en el frigorífico; y la nulidad de la acusación con pedido de sobreseimiento por aplicación del fallo “Cozzi” de la Corte Suprema, que la jueza descartó porque la remisión se presentó a menos de tres meses de la última declaración de imputado y las defensas nunca reclamaron el vencimiento de plazos durante la investigación.

Admitió, en cambio, la pericia contable pedida por la defensa de Berisso y Badaracco, a cargo del contador Nicolás Zonis.

Quiénes llegan y quiénes no

Los cinco acusados que se sentarán frente al Tribunal están imputados como cómplices necesarios del delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Taleb y por la fiscal Mariángeles Schell, pide cuatro años de prisión para cada uno; la querella, a cargo de Carrazza y Chesini, cinco años, más las accesorias legales. Las defensas están a cargo de Félix y Sebastián Castillo, por Berisso y Badaracco, y de Leandro Ferrando y Rubén Gallardo, por los Darré. Berisso, nacido en Gualeguay en 1934, llegará al debate con 92 años.

Los tres Veronesi originalmente imputados no estarán. Martín Nelio Veronesi y Noemí Ana María Veronesi murieron durante el trámite y la acción penal se declaró extinguida.

Javier Domingo Veronesi, señalado como el principal autor de la maniobra, sufrió en 2017 un traumatismo craneoencefálico grave, con riesgo de vida, que requirió cirugía. El médico forense Marcelo Benetti lo examinó en febrero de 2021 y concluyó que sus facultades mentales se encontraban alteradas y le dificultaban afrontar un juicio, aunque podría mejorar en un plazo de uno a dos años. Como nunca pudo ser notificado de la imputación reformulada en 2019, la investigación en su contra quedó supeditada a su recuperación y sigue en etapa preparatoria en manos de la Fiscalía.

Así, el debate de febrero juzgará a quienes, según la acusación, aportaron el conocimiento contable y los nombres necesarios para que la maniobra fuera posible, mientras la responsabilidad de sus presuntos beneficiarios quedó fuera del alcance de la Justicia por la muerte y por la enfermedad.

Durante siete jornadas declararán testigos y peritos, entre ellos Corina Rivas, Bos, Benítez y Paredes, y se incorporará una montaña de documentación societaria, notarial, bancaria y comercial acumulada en cinco cajas secuestradas en el estudio Darré.

Será el Tribunal de Crespo, Malvasio y Mayer el que deba resolver, más de diez años después de la primera denuncia, si el cierre de FEERSA fue el resultado de una mala administración o de un plan.

Fuente: Análisis