Reunión en Comisaría Sexta: reclamo de vecinos y una realidad que también interpela a todos

Unos 20 vecinos de los barrios 348, 338 y 140 participaron el viernes de una reunión con el jefe de la Comisaría Sexta, Facundo Lemes. Durante aproximadamente dos horas, el salón de la dependencia policial se convirtió en un espacio para poner en palabras una preocupación que se repite en distintos sectores de la ciudad: el pedido de una mayor presencia policial.

Los vecinos expusieron situaciones puntuales ocurridas durante los últimos meses y reclamaron más recorridas de móviles y motocicletas. Pero no se trató solamente de una demanda de mayor vigilancia, sino de la necesidad de recuperar una sensación de tranquilidad que, para muchos habitantes del sector, se ha ido deteriorando.

Lemes escuchó los planteos y brindó respuestas sobre el trabajo que realiza la dependencia. Según explicó, los hechos que fueron puestos en conocimiento de la Policía han podido ser esclarecidos y se trabaja de manera permanente en el mejoramiento de la prevención.

Pero también planteó una realidad que muchas veces queda fuera de la discusión pública: la capacidad de respuesta policial tiene límites.

El crecimiento de Gualeguaychú no siempre ha sido acompañado por un crecimiento proporcional de los recursos disponibles para la prevención. La cantidad de efectivos y de móviles condiciona la posibilidad de sostener una presencia permanente en todos los barrios, especialmente cuando una misma fuerza debe atender múltiples demandas de manera simultánea.

En ese contexto, pedir más patrullajes resulta lógico y necesario. Pero también es necesario entender que un móvil no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y que la tarea policial no empieza ni termina con la presencia de un patrullero en una esquina.

Durante la reunión apareció otro de los problemas centrales: la falta de denuncias.

Los propios vecinos reconocieron que muchas situaciones no llegan formalmente a la Policía. Pero también explicaron por qué ocurre. Existe temor a las represalias y una sensación de vulnerabilidad frente a personas que, según describieron, “entran y salen” de establecimientos penitenciarios o dependencias policiales y vuelven al barrio.

Esa falta de denuncias genera un círculo difícil de romper. Sin información formal, la Policía tiene menos herramientas para investigar, identificar responsables y solicitar medidas judiciales. Pero si los vecinos sienten que denunciar puede convertirlos en blanco de represalias, difícilmente se pueda exigirles que asuman ese riesgo sin garantías.

Por eso, el desafío excede a la Policía. También involucra al sistema judicial, a los organismos de seguridad, al Estado municipal y provincial y, fundamentalmente, a la comunidad.

Las casas que se convierten en refugio

Hay, además, una cuestión que aparece como una de las preocupaciones más concretas en estos barrios: algunas viviendas que, según coincidieron vecinos y autoridades policiales, estarían siendo utilizadas como refugio por personas vinculadas a hechos delictivos.

El problema no termina allí. Esas casas también serían escenario de reuniones que generan disturbios, ruidos molestos y situaciones que alteran la convivencia cotidiana.

Una vivienda convertida en una suerte de guarida no sólo genera temor en quienes viven alrededor. También puede convertirse en un punto de concentración de conflictos que, con el tiempo, terminan naturalizándose.

Y allí aparece una pregunta inevitable: ¿qué puede hacer la Policía cuando conoce una situación de este tipo?

La respuesta no siempre es sencilla. La fuerza puede prevenir, identificar, intervenir ante un delito en flagrancia y poner los hechos en conocimiento de la Justicia. Pero no puede ingresar arbitrariamente a una vivienda ni resolver por sí sola situaciones que requieren órdenes judiciales o la intervención de otros organismos.

Esa diferencia entre lo que los vecinos esperan y lo que legalmente puede hacer un policía en determinadas circunstancias es una de las claves para entender por qué algunas situaciones parecen prolongarse en el tiempo.

Una responsabilidad compartida

Desde la Comisaría Sexta también se planteó que las estadísticas muestran una disminución de los hechos en la zona. Ese dato puede ser importante para evaluar objetivamente la evolución del delito, pero no invalida la percepción de quienes viven diariamente en el barrio.

Una estadística puede indicar que determinados delitos bajaron. Un vecino, mientras tanto, puede sentir que no puede dejar su casa sola o que una vivienda conflictiva se convirtió en una amenaza permanente. Ambas realidades pueden coexistir.

El desafío consiste justamente en evitar que una invalide a la otra.

Los vecinos tienen derecho a reclamar seguridad y a exigir que el Estado esté presente. La Policía tiene la obligación de prevenir e investigar, pero necesita recursos, personal y herramientas para hacerlo. La Justicia debe actuar cuando corresponde y la comunidad también tiene un papel fundamental aportando información y realizando las denuncias.

La reunión en la Comisaría Sexta dejó algo más que un pedido de mayor patrullaje. Dejó expuesta una problemática mucho más profunda: la seguridad no se resuelve únicamente con más móviles circulando, del mismo modo que tampoco puede medirse solamente por una estadística.

Hay barrios que necesitan sentirse protegidos, policías que necesitan contar con mejores herramientas para trabajar y viviendas que no deberían convertirse en refugios permanentes para quienes generan temor y conflicto.

El desafío será encontrar la manera de que esas tres realidades puedan ser atendidas al mismo tiempo. En definitiva,  la seguridad de un barrio no depende exclusivamente de que haya un patrullero en la esquina: también depende de que los vecinos puedan denunciar sin miedo, de que las instituciones respondan y de que los lugares que hoy generan preocupación dejen de funcionar como focos permanentes de inseguridad.