La Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informó que se encuentra realizando una serie de operativos antifraude para identificar y desarticular conexiones ilegales de energía, algunos de los cuales han dado resultado positivo, por lo que, además de las multas, se iniciarán acciones legales contra los responsables.
Nahuel Otero, titular de la entidad agregó que “se están llevando adelante controles a partir de datos de facturación llamativos, denuncias vecinales y otros factores que nos alertan sobre irregularidades. Justamente en estos días se han desarrollado operativos que han podido constatar el robo de energía, por lo que a partir de ahora se les realizará un cobro presunto por un período determinado hacia atrás en el tiempo, se les aplicará las multas y vamos a ir a la Justicia ordinaria. Hemos tomado la decisión de no terminar más este tipo de casos en mediaciones. Queremos que haya condenas ejemplificadoras”, expresó.
Cuando alguien roba energía no solo evita pagar lo que le corresponde por el servicio que usa, pone en peligro su vida, la de los demás y también genera un efecto sobre la red eléctrica, la cual sobrecarga por un consumo desmedido. “Esto perjudica a la empresa, a sus vecinos, quienes pueden sufrir problemas de tensión que dañen sus electrodomésticos y, además, es sumamente injusto con el que realiza el esfuerzo para cumplir”, destacaron.
El hurto de energía se encuentra contemplado dentro del apartado 5.4 del Contrato de Concesión, en el cual se estipula una multa que se aplicará equivalente a 12 meses de consumo a determinar según la tarifa en el momento de la emisión, más el 40 por ciento que se aplicará como recargo sobre el monto resultante, como también es un delito tipificado en el Código Penal. Hurtar energía es un delito penado con prisión de hasta 6 años, que además pone en riesgo la vida de quien la manipula y de terceros, perjudicando asimismo la calidad del servicio eléctrico.
Otero señaló que “es inadmisible el fraude eléctrico en cualquiera de sus variantes y debe ser sancionado. Nos hemos encontramos con casos de domicilios particulares de distintos estratos sociales, como así también con comercios de muchísima importancia en infracción. Entendemos que el hecho de que los casos terminaran en mediaciones antes de que se dictara una sentencia, en cierta manera alentaba estos delitos. En estos tiempos hemos visto muchos ejemplos de condenas penales en distintas ciudades del país y creemos que es el camino. Robar electricidad es un delito y debe ser castigado como tal. Por eso comunicamos a nuestro cuerpo legal que se vaya hasta el final del camino judicial”, puntualizó.
