Todo en medio de una tensión constante entre las autoridades y los grandes jugadores del rubro, las empresas que se encargan de la generación, el transporte y la distribución de la electricidad.
Este año, en medio de puja por deudas que arrastraba el Estado con empresas de generación –que terminó con un bono para pagar una deuda de unos USD 1.200 millones– se habló de que Cammesa podría desaparecer. Al menos hasta ahora no ocurrió. Sí se anunció, días atrás, que la estructura ejecutiva del sector, la secretaría de Energía, sufría cambios en su cúpula: el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo fue reemplazado por María Tettamanti. Fue una movida que muchos tomaron como un episodio del desembarco, tibio por el momento, del PRO de Mauricio Macri, en un sector estratégico para el país.
Ahora, en paralelo, Cammesa –que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)– anunció que intervendrá a 7 cooperativas eléctricas y reclama una deuda total para el sector de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró.
La medida se tomará en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes, el organismo de Capital Humano que controla el funcionamiento de las cooperativas en todo el país.
Las apuntadas, siempre según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. Según los números oficiales, sólo esas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. En breve podrían sumarse más.
“Cammesa está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no y que dinero lo tenga que poner el Estado con impuestos o emisión. Estas entidades no pagan, pero le siguen cobrando a la gente”, detalló en un breve diálogo Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo del despachante nacional.
Fuente: Infobae
