Tras un investigación que se inició en mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal determinó que "no se encuentra acreditado la posibilidad de que hubiere existido aun potencialmente perjuicio para la administración pública" y decidió el "archivo de la causa".
Los investigados fueron Carlos García, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Martín Piaggio, el subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Sacre, y el empresario de la Metalúrgica D-A S.A que licitó la obra que no terminó y por la cual debía cobrar 2.098.200 pesos de parte del Municipio.
En su resolución, el fiscal Gutiérrez sostuvo que "por un lado, no se encuentra acreditado la posibilidad de que hubiere existido aun potencialmente perjuicio para la administración pública con el certificado suscripto por García, Sacre y por el contratado, Algarbe. "Hay coincidencia que el propio García generó que se anule el pago de la parte de la obra por estar inconclusa y que el Municipio nunca tuvo una deuda por ello".
Luego argumentó que "por otro lado, se encuentra acreditado que Carlos García, así como también Sacre y Algarbe, no tenían intención de que el Municipio de Gualeguaychú resulte perjudicado. El dolo aquí no está presente". En la investigación la mensajería telefónica "que no ha sido discutida en cuanto a los participantes -García y Domingo Carrazza-, permite inferir que los denunciados no tenían un propósito delictivo. Cobra relevancia, a partir de los dichos de Samacoits, Sartori y Ochoa, que el mal tiempo, conjugado con el cambio de gobierno, impidió que la obra finalice como preveía García en su tiempo de responsable técnico", finalizó el fiscal.
