Estaba dedicada al otorgamiento de micro préstamos de dinero en efectivo, denominado “gota a gota”, a personas de bajos recursos económicos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, con el objetivo de blanquear capitales de procedencia ilegal.
Los préstamos "por goteo" o "gota a gota", son una modalidad de usura que pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también su integridad física en caso de incumplimiento.
Este mecanismo especula con las necesidades urgentes de los clientes, que reciben a sola firma el préstamo en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna.
Como la organización se hallaba al margen de los lineamientos legales y no poseía la capacidad de cursar una demanda, en caso de falta de pago utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes, amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.
Según se pudo establecer a través de la investigación, la tasa de interés de dichos préstamos podía llegar a quintuplicar a la de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales y nulos requisitos de acceso.
La banda criminal, que poseía como fachada locales de venta de muebles en cuotas, tenía una estructura piramidal. La misma estaba compuesta por un cabecilla, que era el inversionista poseedor del capital destinado a los préstamos.
El segundo escalón estaba integrado por los encargados de las regiones, localidades o comercios quienes tenían a su cargo la recaudación del dinero y el control de los cobradores. Por debajo, estaban los liquidadores o secretarias, quienes se encargaban de negociar los préstamos, y por último los cobradores, quienes hacían el trabajo de buscar los pagos y estaban en constante roce con los clientes, visitando sus domicilios para presionarlos en caso de atrasos. Eran la cara visible de la organización.
En los hipotéticos casos de que una persona no abonara durante un lapso prolongado, la organización concurría en su búsqueda para la quita de bienes personales.
A raíz de los datos obtenidos en la investigación llevada cabo por los efectivos federales, el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo del Dr. Martín Vega, ordenó el allanamiento simultáneo de 50 domicilios y galpones ubicados en las ciudades Los Conquistadores, La Paz, Santa Elena, San José de Feliciano, Chajarí, Concordia, San Salvador y Federal y Federación de la provincia de Entre Ríos, en las ciudades correntinas de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Goya, Corrientes capital y Bella Vista y en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
Como resultado de dicho operativo, se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 fueron afectadas a la causa. En total son 70 hombres y 25 mujeres de distintas nacionalidades: 81 colombianos, 8 venezolanos y 6 argentinos.
Asimismo se secuestraron:
-1.717.126 pesos en efectivo
-8671 dólares
-541.667 bolívares
-19.000 pesos chilenos
-1.091.871 pesos colombianos
-36.000 guaraníes
-50 pesos mexicanos
-200 monedas sirias
-10 soles peruanos
-2 reales
-2 armas
-12 automóviles
-65 motocicletas
-111 celulares
-60.9 gr de cocaína y demás elementos de interés para la causa.
Es importante destacar que el monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calcula en $10 millones, que fueran encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900 por ciento.
